El Estado benefactor y su proyecto modernizador
nacionalista
Más tarde, ya
consolidada la estructura política, durante la década de los 40, el Estado
diseña un proyecto de crecimiento económico (modelo de sustitución de
importaciones) que, revestido de una imagen protectora de justicia social, tuvo
como meta la industrialización basada en la transferencia de recursos
provenientes del campo (en particular, de la explotación del trabajo campesino).
El detalle consiste en que, aunque se trataba de una economía dirigida, se dejó
en manos de la iniciativa privada el desarrollo de las actividades productivas.
Este proyecto
tuvo como base un "pacto social" entre los "factores de la
producción". Ambos, patrón y trabajador, aceptaron el "tutelaje del
Estado": el primero porque era el principal beneficiario (a través de
todas las políticas que se instituyeron para estimular el crecimiento de la
industria), el segundo porque el Estado, revistiéndose de una imagen
paternalista, se autodenominó "protector del trabajador". El Estado,
al mismo tiempo que adoptaba una retórica populista (obrerista y agrarista), instrumentaba
políticas de bienestar social, fundaba toda una serie de instituciones que
tenían como objeto proporcionar ciertos servicios sociales y asistenciales a
los trabajadores y creaba también las condiciones favorables para que la
burguesía, que hasta aquel entonces había sido débil y numéricamente escasa, se
desarrollara y fortaleciera: construyó la infraestructura necesaria para la
industria, hubo exención de impuestos, servicios subsidiados, mano de obra controlada
y barata, protecciones arancelarias. Desde aquel tiempo, se estableció entre
los dos sectores hegemónicos (burocracia y burguesía) una relación muy estrecha
y, aunque por momentos ha podido ocurrir que la segunda quisiera sacudirse de
la tutela de la primera, los conflictos surgidos entre ambas han sido más bien
verbales que auténticos, ya que la burguesía ha gozado de ventajas inmensas
bajo el ala protectora del Estado. Esta relación sigue siendo determinante,
incluso en la actual reestructuración en la que la acción del Estado se retrae
en beneficio del laissez faire económico.
El proyecto de
gestión que la burocracia presentó como "vía nacionalista hacia el
desarrollo",
prevaleció
hasta 1982. A nombre del crecimiento económico y del progreso, y a pesar de la
retórica
populista que pretendía haber logrado el bienestar social, este proyecto
produjo una
sociedad
extremadamente desigual en la que, después de cierto auge en los años 60 (en
1960,
el ingreso
anual per cápita se había elevado a algo más de 300 dólares), la riqueza tendió
a
concentrarse
en una minoría cada vez más reducida.
Por otra
parte, el proyecto de industrialización (sustitución de importaciones),
eminentemente
proteccionista,
no logró ir más allá de las primeras etapas; su implantación resultó muy
costosa, sus
productos fueron de mala calidad y, a causa de los bajos ingresos de las
mayorías,
no se
consiguió crear un mercado interno amplio. Por lo demás, se consolidó una
burguesía con
escaso espíritu
de empresa, acostumbrada a las ganancias fáciles y a depender de la protección
del Estado.
Este proyecto favoreció también el surgimiento de una inmensa burocracia. Este
modelo comenzó
a manifestar sus primeros síntomas de agotamiento a finales de la década de
los 60, pero
no se modificó sino hasta mediados de la década de los 80.
Hay que añadir
que otros factores, de carácter más bien ideológico, han contribuido a
mantener dicha
estabilidad: la mitificación de la revolución y del Estado surgido de ella, así
como
del proyecto
de modernización nacionalista del país, mismo que inundó al país de lemas como
"México
para los mexicanos", "lo hecho en México está bien hecho", etc.
De igual manera, la
ideología del
crecimiento que favoreció a ciertas capas de la población, en su mayoría
urbanas,
sirvió de
espejismo colectivo, creando la ilusión de que el progreso beneficiaría tarde o
temprano
a todos. El
actual proyecto neoliberal tiende a sustituir todos estos mitos e ilusiones por
los de la
modernización
y el ingreso al Primer Mundo.
La transformación neoliberal
El presidente
Miguel de la Madrid (1982-1988), al iniciar su sexenio, hizo público el PIRE (Programa
Inmediato de Reorganización Económica) con el que se iniciaba el viraje hacia
el modelo neoliberal aplicando las estrategias elaboradas por el FMI para
nuestro país, que habían sido concertadas poco tiempo antes (noviembre de 1982)
en una carta de intención.
Los acuerdos
con el FMI (Fondo Monetario Internacional) se han proseguido desde entonces, En términos generales, incluyen
políticas de ajuste macroecómico y reformas de tipo estructural: entre las
primeras se contemplan la apertura comercial, la austeridad en el gasto
público, una prudente gestión monetaria y, como objetivos prioritarios, la
estabilidad financiera, el control de la inflación y el pago de la deuda; las
segundas se articulan alrededor de tres ejes: el sistema fiscal para incrementar
ingresos, la desreglamentación interna (que prevé la eliminación del control de
precios, de las subvenciones y de cierta rigidez en el mercado del trabajo) y
externa (apertura hacia el exterior mediante la reducción de derechos aduanales
y el abandono del régimen de licencias de exportación así como el libre arribo
de inversiones extranjeras), y las privatizaciones (que contribuirían a
reequilibrar temporalmente las finanzas públicas). Si bien el grueso de estas
transformaciones se someten a los requerimientos del FMI:
privatización,
apertura comercial e incluso reforma educativa, en su aplicación adquieren
características específicas que responden a los intereses concretos de la élite
gobernante y su afán de conducir con éxito los cambios económicos sin perder por
ello la hegemonía del poder. Aunque pretenden hacerse de acuerdo a estrategias
eminentemente racionales (como loquisiera el gabinete económico), estas
modificaciones parecen más bien regirse por motivos y necesidades inmediatas.
En realidad, la mayoría de las metas del Plan del Desarrollo 1989-1994, a
excepción de la cuenta pública, no se han alcanzado: se pensaba llegar a tener
una inflación entre 3 y 5% (en 1992 fue de 12.2%), hacer crecer el PIB en un 6%
(en 1992 fue de 2.6%), etc. La privatización se ha llevado a cabo en forma
acelerada: en 1982 existían 1155 empresas estatales, en 1992 quedaban 239, y la
Secretaría de Hacienda piensa vender 37 más en 1993.
Los
procedimientos mediante los cuales se ha efectuado no han sido muy claros y a
veces las ventas se han realizado en condiciones desventajosas, lo que permite
suponer tras ellas negocios no muy limpios: tal parece ser el caso, por ejemplo,
de Cananea y de Tabamex. Aunque, por otra parte, se obtuvieron óptimas
ganancias de la venta de los bancos.
Después de
diez años de haberse iniciado la privatización, muchas de las empresas presentan
más problemas que cuando se encontraban en manos del Estado, como fue el caso de
los ingenios azucareros y otras empresas.
Después de
diez años de haberse iniciado la privatización, muchas de las empresas presentan
más problemas que cuando se encontraban en manos del Estado, como fue el caso de
los ingenios azucareros y otras empresas.
¿Se puede hablar de un cambio del Estado de bienestar a un Estado neoliberal?
Para ciertos analistas, como Denise Dresser, se trata de una nueva forma de estatismo de carácter dual que, por una parte, promueve una política económica neoliberal y, por la otra, aplica una política social "neopopulista" para asegurar la supervivencia política del grupo en el poder.
Promueve la
desregulación y la liberación en nombre de la eficiencia, y al mismo tiempo
aumenta las asignaciones discrecionales del gasto público para apoyar a sectores
"ineficientes", es decir, no productivos. El objetivo de esta
canalización "ineficiente" de recursos es asegurar el consenso político
en un contexto de ajuste estructural del que no se quiere perder el control. Y
para mantenerse en el poder, la "fracción eficientista" (como ella
designa a la élite en el poder) tendrá que seguir canalizando recursos con el
fin de compensar a los pobres y ganarse aliados mediante una intervención
estatal de tipo discrecional.
Estado
propiamente liberal; entre un Estado y otro se observan elementos de continuidad
y de ruptura. En efecto, al privatizar una gran cantidad de paraestatales la
dimensión del Estado se ha reducido; no obstante, difícilmente puede creerse
que el tamaño del Estado en sí haya disminuido mucho, ya que se creó un
programa como el Pronasol, la SEDUE desapareció en 1992 pero fue remplazada por
la Sedesol, la Secretaría de Programación y Presupuesto se disolvió el mismo
año pero su personal se incorporó en gran parte a Hacienda, y se mantiene una
Secretaría de la Reforma Agraria que, después de la reforma del artículo 27, ha
perdido razón de ser.
La
intervención del Estado en la economía no ha desaparecido: es cierto que éste
ha dejado de ser patrón al privatizar empresas y que ha liberado la economía al
desreglamentar los intercambios mercantiles. Pero sí sigue interviniendo a
través de rígidas políticas monetarias y financieras, lo que repercute de una
manera negativa sobre la producción nacional, en particularla micro y pequeña
industria.
